Esta semana, los concejales de El Chaltén, Ignacio Moreno Hueyo, Elizabeth Romanelli y Heber Zella, votaron a favor de un dictamen que había quedado en minoría en comisiones, determinando que el terreno de 800 metros cuadrados, identificado como Parcela N°4 de la Manzana N°10, Circunscripción III, vuelva a manos del Ejecutivo Municipal. Si bien los ediles Carlos Ticó y Estefanía Leyes votaron en contra de la medida, la decisión del Concejo Deliberante es que pase a manos del Banco de Tierras, para que sea adjudicado al vecino que le corresponda según la lista de méritos. El lote estaba en manos de Leticia Forto, actual funcionaria del Gobierno municipal desde el año 2020.
Las gestiones y denuncias del concejal Ignacio Moreno Hueyo comenzaron a tomar mayor impulso durante el año pasado, argumentando que la ocupación del lote presentaba irregularidades administrativas y éticas, basándose en documentación oficial que, según afirma, demuestra que la parcela había sido dada de baja por el Consejo Agrario Provincial (CAP) y que, pese a ello, la funcionaria habría mantenido la ocupación del predio.
De acuerdo con la información que obra en la concejalía, el Acuerdo N°98 del CAP dejó sin efecto en 2019 la titularidad de ese terreno, que pertenecía a Emanuel Montenegro, entonces pareja de Forto. “Ese terreno vuelve a ser fiscal por falta de pago y por no haber realizado mejoras”, explicó Moreno Hueyo.
Ahora bien, luego de varias resoluciones y presentaciones, y ante el caso omiso del Ejecutivo Municipal, es que este proyecto de ordenanza aprobado por los concejales, “eleva el carácter de la medida: ya no se trata de un pedido o una recomendación al Ejecutivo, sino de una norma que, una vez cumplido el procedimiento correspondiente para su entrada en vigencia, deberá ser obedecida”, dijo Moreno Hueyo.
En diálogo con TiempoSur, Ignacio Moreno Hueyto, edil de la ciudad de El Chaltén, señaló que “desde nuestro bloque hemos advertido que esta situación presenta serios interrogantes sobre conflicto de intereses, administración en interés propio y utilización del procedimiento administrativo en beneficio particular. Un funcionario público no puede encontrarse de los dos lados del mostrador: ejerciendo responsabilidades sobre la administración del suelo urbano y, simultáneamente, siendo interesado particular en las decisiones que esa misma administración debe adoptar”.
Por otro lado, el funcionario advierte que “el Ejecutivo está generando un ecosistema proclive a las tomas: cuando frente a distintas ocupaciones el Estado demora, tolera, cambia de criterio o no utiliza con firmeza los instrumentos administrativos y judiciales disponibles, transmite a toda la comunidad una señal peligrosa: que ocupar primero y discutir el derecho después puede terminar siendo más conveniente que respetar las normas. El caso de la Parcela 4 es todavía más grave porque esa contradicción alcanza al propio Estado municipal”.
En este sentido remarcó que “la igualdad ante las reglas comienza por quienes ejercen el poder. No se puede exigir a cientos de familias que se inscriban, esperen, acrediten requisitos y respeten el procedimiento, mientras desde el propio Ejecutivo se tolera que una funcionaria ocupe una parcela respecto de la cual no aparece una adjudicación formal a su favor y cuya adjudicación anterior había sido declarada caduca”, y serñaló: “Esa contradicción destruye la autoridad del Estado para ordenar el suelo urbano y termina funcionando como un incentivo para nuevas ocupaciones: si las reglas no alcanzan a los funcionarios, difícilmente pueda pedirse a los vecinos que confíen en ellas”.
Para cerrar, en este sentido, Moreno Hueto dijo que “la sesión marca por eso un punto de inflexión. Hasta ahora el Ejecutivo se resistió al criterio sostenido por nuestro bloque y por la propia Asesoría Legal del Concejo. Los concejales oficialistas acompañaron políticamente esa posición, permitiendo que una situación excepcional continuara sin resolverse. El Estado no puede combatir las tomas mientras desde su propia estructura se incumplen las normas que pretende hacer respetar. Recuperar esta parcela no es solamente recuperar un lote municipal: es comenzar a recuperar la autoridad y la credibilidad del Estado para exigir que en El Chaltén la ley sea igual para todos”.
TiempoSur
